Por
Redacción
Milenio Diario / Editoriales
Domingo 29 de Agosto de 2010
Que la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tec de Monterrey (EGAP) fue ayer por la mañana el sitio más vigilado de Nuevo León, en su calidad de escenario de una reunión del plan maestro para la reconstrucción de Nuevo León.
El evento encabezado por el gobernador Rodrigo Medina concentró a funcionarios, empresarios y académicos de la más alta envergadura.
Que del nivel federal estaban los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social, Juan Molinar Horcasitas y Heriberto Félix Guerra; el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, además del jefe de asesores de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra.
Por el lado del gobierno del estado acudieron Javier Treviño, Carlos Almada, Fernando Gutiérrez Moreno, Lombardo Guajardo, Othón Ruiz, Juana Aurora Cavazos, Alfredo Garza de la Garza y el titular de la Coordinación Técnica de Gabinete, Gustavo Alarcón.
Que por el lado de la iniciativa privada se dieron cita José Eduardo Gutiérrez, presidente del Centro Bancario de Monterrey; Enrique Zambrano Benítez, director general de Grupo Proeza; Antonio Elosúa, presidente de la Canadevi;
Andrés Garza Herrera, presidente de Caintra; Marcelo Canales, presidente de la Coparmex; Juan Ernesto Sandoval, presidente de la Canaco y Carlos Salazar Lomelí, de FEMSA también atendieron la convocatoria.
Que lo mejor de la reunión fue que se tomaron acuerdos importantes para la reconstrucción de Nuevo León, así como legislar para establecer penas graves a quienes autoricen asentamientos humanos en los cauces de los ríos
Se acordó además buscar fondos públicos y privados de todas las fuentes posibles, pero también poner a jalar a los diputados federales para que soliciten recursos en el presupuesto de 2011 para la creación de un fondo especial para la atención a desastres naturales provocados por fenómenos hidrometeorológicos.
Que el incremento de salarios a policías que anunció el gobernador, repercutió seriamente en el Instituto Estatal de Defensoría Pública.
Este organismo tendrá que compartir su presupuesto para que el gobierno pueda cubrir los nuevos salarios en las corporaciones de seguridad.
Las contrataciones se cancelaron, de manera que tendrá que seguir trabajando con el mismo personal de la anterior administración.